El despacho de Abogados ETL NEXUM JURIDICO está presentando Reclamaciones Patrimoniales contra el Estado por daños causados y que se continúan produciendo a raíz del Decreto 463/20 del pasado 14 de marzo de 2020, declarando el estado de alarma y posteriores Decretos de otras Administraciones Autonómicas que han afectado a todo el territorio nacional, y todo ello como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, o COVID 19.

Esta situación excepcional del estado de alarma hubiera podido ser en cierta medida previsible, o evitable según las diferentes actuaciones de los poderes públicos en cada momento, las cuales han podido pecar de no estar al nivel requerido como en otras latitudes, dañando considerablemente al tejido económico empresarial con diferentes afectaciones, amén de otras consideraciones de salud de las personas. Es por ello que estamos presentando en nombre de nuestros clientes una demanda basada en una acción de responsabilidad patrimonial de la Administración, donde se articula como indica la Ley que: ” 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.” 

Nuestra demanda individual pero colectiva en los intereses que agrupa en cuanto al pago de los gastos de la misma acreditará la imputación del daño por parte de la Administración responsable. El Estado en su papel de mando único según el RD que declara la alarma ha funcionado de una forma anormal, y teniendo en cuenta que la prueba de la concurrencia de todos estos requisitos corresponderá al que reclama, hemos previsto la presentación de informes periciales que lo acreditarán con respecto a facturaciones pasadas y otros elementos.

A pesar de la nueva situación nos justifica la presentación de la demanda la injusticia creada que obliga a numerosas empresas y comerciantes a no tener más remedio que “arruinarse” sin que el Estado les auxilie con ayudas suficientes, cosa que de recibirlas serían descontadas de las indemnizaciones finalmente reclamadas, en este sentido aclaran los Tribunales “para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable “.

De todos es conocido en nuestra memoria colectiva los daños al personal sanitario en particular por una deficiente, negligente, o simplemente tardía actuación del Estado en la previsión y gestión de la pandemia, y también los daños económicos causados directamente a determinados sectores de la población por la lesión en su patrimonio a ciudadanos y empresas como los casos de hoteles reconvertidos en hospitales, empresas del sector sanitario y alimenticio, empresas hoteleras de restauración, del ocio nocturno etc. que pierden toda o parte de su facturación porque un Decreto o el resultado de estos les obliga a cerrar o a limitar sus horarios, y así en una cadena interminable de afectaciones producidas. Téngase en cuenta que “Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.” (art. 3.2 LO 4/1981)

Que la Administración nos pueda alegar como eximente que la pandemia ha sido causada por fuerza mayor, no es un argumento suficiente cuando apenas ha habido ayudas para paliar los daños de la pandemia provocados por sus actuaciones insuficientes o incluso negligentes en determinados casos, es más en otras latitudes han tenido resultados mucho mejores por la buena coordinación y actuación de todas las administraciones si tenemos en cuenta la afectación a nivel humanitario y de daños a todos los efectos, económicos incluidos, y empiezan a surgir informes de diferentes ámbitos que cuestionan lo acertado de las medidas y su graduación y la provocación de daños a los diferentes sectores , por lo que se puede decir que la situación ni la anterior ni la actual no era imprevisible, ni tampoco inevitable.

Nuestra reclamación se alinea con muchas otras existentes en toda España solicitando la imputación a la Administración, por acción u omisión, de esa deficiente, negligente, o tardía gestión de la pandemia, siendo muy clara aquí la responsabilidad del Estado en su conjunto, Autonomías incluidas.

Si tiene cualquier duda se puede poner en contacto a través de infonexum@etl.es / +34 932 000 149

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